La Asociación de Periodistas Europeos, la Fundación del Diario Madridy el Cercle d’Economía retomaron la serie de diálogos “España plural, Catalunya plural” creados bajo el propósito de contribuir a la oxigenación de un ámbito que, en ocasiones, se encona por intereses políticos inmediatos, empeñados en instrumentalizar posturas extremadas y esconder opiniones y actitudes favorecedoras de una mayor comprensión y contrarias a la inercia que arrastra al narcisismo de las pequeñas diferencias descrito por uno de los protagonistas de la séptima edición, Michael Ignatieff.
XVIII Jornada España Plural-Catalunya Plural. Financiación autonómica y competencia tributaria.
Martes, 4 de Febrero de 2020 · Sede del Cercle d’EconomiaParticiparon:
Teresa Garcia Milà. Directora de la Barcelona Graduate School of Economics
Emilio Ontiveros. Presidente de Analistas financieros Internacionales.Moderan:
Anna Cristeto. Directora de El Periódico de Catalunya
Rosa Cullell. Ex Consejera Delegada de Media Capital
Audio de la jornada
Crónica de la jornada (Europa Press)
La directora de la BCN Graduate School of Economics, Teresa Garcia-Milà, y el presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, han coincidido este martes en que el modelo de financiación autonómica debe reformarse debido a su mala redistribución, complejidad y poca transparencia.
Así se extrae de la XVIII Jornada del Ciclo de diálogos España Plural/Catalunya Plural organizada por el Círculo de Economía, la Fundación Diario de Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos este martes bajo el título ‘Financiación autonómica y competencia tributaria’, ha sido moderado por la directora de El Periódico de Catalunya, Anna Cristeto, y la periodista Rosa Cullell.
Garcia-Milà ha desgranado la opinión del Círculo de Economía, que pasa por una reforma del sistema de financiación autonómica en el que se compartan las bases imponibles para que puedan ser gravadas simultáneamente por el Estado y las comunidades autónomas.
«Ahora hay cedidos parcialmente y totalmente, con un sistema basado en impuestos cedidos. Proponemos que las CCAA sean propietarias de sus propios tributos. Proponemos que la base imponible de IRPF sea imponible por los dos niveles de administración, lo único que se necesita es un cambio de un artículo de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas», ha afirmado, y ha añadido que no es necesario un cambio de la Constitución. MÁS RESPONSABILIDAD
Sobre la propuesta del Círculo, que ha calificado de atrevida, ha defendido que dar esta mayor responsabilidad fiscal a las autonomías servirá para tener un modelo más robusto, tener una asignación más eficiente y una gestión más responsable por su parte: «Así pueden diseñar la infraestructura impositiva como creen más adecuada y les da una identificación más directa con su sistema impositivo».
Ha añadido que junto a esto deber haber una serie de potestades para las comunidades, como la normativa, y la delimitación de ámbitos en los que no tengan esta capacidad, como los impuestos en exportaciones: «Es muy importante que se pudieran compartir las bases fiscales en el IRPF, incluso en el IVA e incluso en el Impuesto de Sociedades».
Todo ello debe servir para tener más responsabilidad ante los contribuyentes, dotar de racionalidad económica al sistema y conseguir la suficiencia financiera de las comunidades con un modelo más transparente que cuente, por ejemplo, con un consorcio tributario y las distintas agencias tributarias de las CCAA: «Esto es posible con la ley actual, y salía en el Estatut de 2006, donde no fue cuestionado».
De hecho, ha recordado que una de las propuestas es hacer un cálculo –por un equipo de expertos– de los costes de los servicios públicos –que políticamente se han acordado que son los básicos– para determinar un mínimo servicio per cápita.
Ontiveros, que ha considerado capital debatir sobre financiación autonómica, ha defendido que hay pocas razones para eludir dicho debate y ha advertido de que hay que tener en cuenta que España es un territorio manifiestamente heterogéneo, lo que según él supone una dificultad de gestión, con estructuras económicas igualmente heterogéneas.
Para él, el sistema debe eliminar cualquier tentación involucionista hacia la recentralización del Estado, porque «sería un error en un territorio y un país tan heterogéneo», y ha defendido la necesidad de compartir y consorciar servicios.
En cuanto al principio de solidaridad interregional, que según él tiene que estar asumido, ha dicho que la solidaridad del régimen foral –aplicable al País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra– es insuficiente, aunque no ha apostado por cambiarlo sino hacerlo más solidario, por ejemplo, ajustando el cupo, algo que ha coincidido con Garcia-Milà.
Para Garcia-Milà, el actual modelo de financiación tiene tres problemas: en primer lugar le falta robustez y que es poco transparente, da poca responsabilidad a las CCAA y tiene un problema de redistribución.
Ha criticado que tiene una estructura en la que hay una superposición de fondos de solidaridad que hacen el modelo muy complejo, opaco y poco funcional: «La recaudación de la mayor parte de los tributos se hace por la Agencia tributaria, esto puede ser un problema. Hay problemas de ajustes».
El segundo problema, sobre la poca responsabilidad fiscal a las CCAA, ha señalado que se debe al hecho de que tienen una gran responsabilidad de gasto –son responsables de educación, sanidad y servicios sociales–, pero tienen poca responsabilidad en recaudación, y esto es un problema, según Garcia-Milà, porque también provoca que haya el desajuste de que las CCAA vayan más allá de lo que pueden pensando que el Estado ya les ayudará.
La directora de la BCN Graduate School of Economics también ha defendido que el actual modelo no es solidario en realidad porque se da una situación final, una vez hecha la redistribución, en que CCAA similares acaban teniendo recursos distintos: «Es un modelo que no tiene racionalidad económica».
Por su parte, Ontiveros ha señalado que el sistema de coordinación política no ha funcionado bien y que el sistema de financiación es el resultado de agregaciones más políticas que económicas: «El resultado es un rompecabezas, una dificultad seria. No se puede decir que el sistema es más o menos justo para algunos. Es incoherente, aporta resultados desiguales».
Ha criticado que el sistema de coordinación institucional no ha funcionado y que no hay criterios suficientemente coherentes de nivelación: «Hace que la capacidad decisoria es muy limitada y la rendición de cuentas sea también, en cuanto menos, elusiva. El ciudadano riguroso tiene dificultades para saber dónde está la gestión».
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