La condena de cinco periodistas turcos a cadena perpetua demuestra que el poder judicial turco no puede tomar decisiones independientes.
La puesta en libertad bajo fianza de Deniz Yücel, corresponsal en Turquía del diario alemán Die Welt, después de permanecer detenido durante un año sin cargos en una prisión de alta seguridad, no puede tomarse como evidencia de que la judicatura turca funcione libremente. Yücel, ahora en Alemania, todavía enfrenta la amenaza de hasta 18 años de prisión por «alentar el terrorismo».
El mismo día, seis acusados, cinco de ellos periodistas, fueron condenados a cadena perpetua por «intentar abolir la constitución turca» y también por alentar actos terroristas.
Dos de ellos, los hermanos Mehmet y Ahmet Altan, son figuras prominentes: uno es escritor y columnista político, el otro es profesor de economía en una universidad en Estambul. Mehmet Altan fue acusado de transmitir «mensajes subliminales» en la televisión sobre el inminente golpe militar de julio de 2016. Uno de sus abogados me explicó en qué se basaba esta acusación: la declaración hecha el día antes del intento de golpe en una cadena de televisión de que Erdogan no gobernaría para siempre; esto fue tomado como prueba del conocimiento interno de los preparativos para el golpe. La declaración de Altan también fue falsificada por los fiscales.
Se dijo que una nueva evidencia de la complicidad de Mehmet Altan con el predicador Fetullah Gülen, supuestamente el hombre detrás del golpe era un billete de un dólar encontrado en el bolso de la esposa de Altan. Debido a sus misteriosos símbolos, el billete de un dólar fue tomado como prueba de que Altan era un apoyo para el movimiento de Gülen.
La medida en que la judicatura turca depende de la política también se demuestra mediante una disputa entre diferentes tribunales. En enero de 2018, el Tribunal Constitucional turco ordenó la liberación de Mehmet Altan, señalando que sus derechos constitucionales habían sido violados. Un Tribunal Superior Penal de Estambul se negó a liberar a Altan porque supuestamente el Tribunal Constitucional había excedido sus poderes. El hecho de que las sentencias del Tribunal Constitucional ya no sean reconocidas por los tribunales de menor rango es otra indicación de hasta qué punto Turquía se ha apartado del estado de derecho.
Más de 150 periodistas turcos siguen encarcelados, la mayoría todavía espera el cargo en su contra. Los abogados de los medios informan que en algunas acusaciones los pasajes completos de otros casos son idénticos: el método de «copiar y pegar» aparentemente ahorra tiempo.
Ya es hora de que el Consejo de Europa en Estrasburgo, del que Turquía es miembro, actúe. Hasta ahora, el Tribunal de Derechos Humanos ha aceptado solo un pequeño número de denuncias de periodistas turcos, a menudo señalando que no se puede hacer nada hasta que el recurso haya sido escuchado en los tribunales turcos. Pero como se está volviendo evidente, el poder judicial turco ya no es libre ni imparcial.
Recientemente, la UE invitó al presidente turco, Recep Tayipp Erdogan, a una cumbre especial en Varna, Bulgaria. Los diplomáticos de la UE tienen la esperanza de que Turquía ahora busque mejores relaciones con la UE. Pero eso no será posible mientras los periodistas y académicos sean sentenciados a cadena perpetua por los cargos más débiles.
Otmar Lahodynsky
Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos (AEJ)
