Artículo publicado en El Independiente por Ana Alonso el 17 de Enero de 2021.
«Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada». Es lo que defiende el intelectual Noam Chomsky, uno de los referentes de la izquierda occidental. ¿Quién establece los límites, de haberlos, a la libertad de expresión? Partimos de que es un derecho fundamental recogido en la Primera Enmienda en Estados Unidos, y el artículo 20 de la Constitución española.
El debate sobre las líneas rojas surge de nuevo vinculado al que fuera tuitero-en-jefe, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las plataformas digitales, encabezadas por Twitter, le han silenciado después de que el miércoles 6 de enero animara a sus seguidores a ir al Capitolio para evitar que los congresistas confirmaran la victoria electoral del demócrata, Joe Biden. Trump sigue negándose a reconocer el triunfo demócrata e insiste en que su candidatura fue víctima de un fraude electoral.
Después de cuatro años en los que Trump ha gobernado desde Twitter, donde tenía 88 millones de seguidores, su red social favorita le daba la espalda. Desde hace semanas sus mensajes llevaban una etiqueta dudando de su veracidad, cuando aludía al fraude electoral, por ejemplo.
Pero ahora se trataba de silenciarlo. Primero lo hizo temporalmente y luego de forma permanente al comprobar que el presidente de Estados Unidos no cambiaba el tono de sus mensajes. Solo tiene la cuenta oficial como 45º presidente de Estados Unidos @POTUS. No ha tuiteado desde ella desde Navidad.
El Congreso pudo confirmar la victoria de Biden, tras sufrir el asalto de las huestes de Trump. Cinco personas murieron como consecuencia de la irrupción violenta de los hinchas de Trump en el Capitolio. Trump tardó dos horas en pedirles que se fueran a casa y casi 30 horas en reconocer que Biden será el próximo presidente y mostrarse dispuesto a «una transición ordenada».
Las dudas de Jack Dorsey
Según ha publicado The New York Times, en un artículo en el que reproduce cómo los directivos de Twitter adoptaron esta drástica decisión, tras conversarlo con el director ejecutivo de la compañía, Jack Dorsey, el más reacio a una medida así.
El 6 de enero Jack Dorsey recibió una llamada de Vijaya Gadde, abogada de la compañía y experta en seguridad. Dorsey, que estaba en su isla privada de la Polinesia francesa, escuchó cómo los directivos de Twitter le planteaban intervenir la cuenta de Trump temporalmente para evitar más violencia después del asalto al Capitolio. Dorsey aceptó, pero tenía reparos.
Etiquetas como #HangMikePence (cuelguen a Mike Pence, el vicepresidente, que no se avino a cumplir con los deseos de Trump para no confirmar la victoria de Biden en el Congreso) se habían hecho virales los días previos al 6 de enero. Hubo más de 100.000 menciones a la etiqueta #StormtheCapitol en los 30 días previos a esa fecha, según Zignal Labs, consultora especializada en desinformación.
Si Trump borraba ciertos tuits que alentaron a la turba, habría sido un parón de 12 horas y luego podría seguir. Facebook, Snapchat, Twitch y otras plataformas siguieron a Twitter.
Dorsey defendía que todo usuario que se comprometiera a seguir las normas podría volver, también Trump. Pero, según el relato del New York Times, varios directivos y la mayoría de los empleados creían que se habían sobrepasado las líneas rojas.
Facebook anunció que prohibía a Trump el acceso al menos hasta que dejara la Casa Blanca. Ya podía tuitear y volvió a invocar a sus seguidores. Dijo que tendrían «una gran voz» y que no iría a la toma de posesión. Los miembros del equipo de seguridad de Twitter observaron cómo los trumpistas hacían llamamientos a más protestas y disturbios en la inauguración. En unas horas, Twitter suspendió la cuenta de Trump.
Jack Dorsey expuso en un hilo de 13 tuits cómo la decisión había sido «la correcta», aunque ni la celebraba ni le enorgullecía. «El daño offline como resultado del discurso online es real, y es lo que impulsa nuestra política», escribió el director ejecutivo de Twitter.
Añade Dorsey cómo es importante que nosotros reconozcamos que «vivimos en un tiempo de gran incertidumbre y lucha para muchos en el mundo. Nuestra meta en este momento es desarmar tanto como podamos, y asegurar que nos guiamos hacia un mayor entendimiento común, y una existencia pacífica en la tierra». Reconoce que en este momento internet no está ayudando a fomentar «esa conversación pública global».
Coincide con Jack Dorsey el periodista Bob Woodward, que pasará a la historia como uno de los investigadores del Watergate, junto con Carl Bernstein. En una entrevista con El País, Woodward, que acaba de publicar Rage, basada en varias entrevistas con Donald Trump, dice: «Creo que deberíamos dejar que la gente diga lo que quiera decir, incluyendo los presidentes. El problema es Internet y las redes sociales, que están dirigidas por la impaciencia y la velocidad, y creo que deberíamos ralentizar eso. Por eso, yo empleo mi tiempo escribiendo libros».
Woodward defiende la Primera Enmienda. «He sido periodista durante 50 años y creo en la Primera Enmienda, que permite la libertad de expresión. Mucha gente dice cosas falsas o indignantes, es muy difícil establecer la norma. Yo creo que el mercado de ideas y expresiones debería ser lo más libre posible».
La fuerza de la ley
Poco sospechosa de ser defensora de Trump, la canciller alemana, Angela Merkel, considera «problemático» el paso dado por Twitter y otras redes sociales. Su portavoz, Steffan Seibert, expuso lo que piensa Merkel: «Es posible interferir en la libertad de expresión, pero solo según la ley y dentro del marco definido por el legislador, no por decisión de la dirección de plataformas de redes sociales».
Para Merkel, es muy importante tener en cuenta que «la libertad de expresión es un derecho fundamental de importancia elemental». Si bien las plataformas no deben permanecer inactivas cuando se difundan mensajes de odio, ha de ser el legislador quien defina el marco de actuación. Desde 2018, Alemania tiene una ley contra el discurso de odio online. Prevé sanciones millonarias en caso de que no se supriman los contenidos.
En España son la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000 y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI, 2002) las que establecen el régimen de responsabilidad de las redes sociales con respecto a los contenidos de sus usuarios. Obligan a eliminar los contenidos ilícitos, cuando tengan conocimiento efectivo de ellos.
«Esto no va de Trump. Va del estado de Derecho. Se delinque por el Código Penal, pero no por el pensamiento, ni por la intención. Nos jugamos mucho. Es un pulso al estado de Derecho», afirma el abogado Borja Adsuara Varela, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital.
Adsuara explica que «los directivos de las plataformas digitales no pueden mandar más que las leyes que se aprueban en los Parlamentos ni de las decisiones de los jueces». Añade contundente: «Estoy en contra de que lo hagan los CEOs de empresas estadounidenses con apariencia de establecer lo que es moral (lo hacen por nuestro bien). Y recuerda que odiar es deplorable, pero «no es delito».
A su vez expone sus dudas sobre el momento en que adoptan esta decisión, ya que Trump lleva más de una década en Twitter, y desde el principio de su Presidencia ha utilizado esta red social para difundir sus ideas.
La Comisión Europea ha presentado el 18 de diciembre la propuesta de Reglamento de Servicios Digitales, que sustituirá a la Directiva de 2000. Se mantiene la obligación de borrar contenidos digitales ilícitos y se establecerán sanciones que pueden llegar hasta el 6% de la facturación anual de la empresa en cuestión.
«Plantea dos novedades: se adoptarán medidas de transparencia, mediante un organismo de supervisión de colaboración público privada, sobre los algoritmos de moderación y de recomendación. Son estos algoritmos de recomendación los que favorecen la difusión de discursos del odio, que son muy adictivos y dan más audiencia. Es ahí donde hay que actuar», añade Borja Adsuara Varela.
Otra de las novedades que se incorporan alude «a los riesgos sistémicos con impacto negativo», concepto abstracto a su juicio, así como los riesgos de limitar la libertad de expresión. Es un concepto jurídico indeterminado, a juicio del experto, que recuerda que las plataformas tienen obligación de colaborar con la policía y los jueces.
A quién silenciar
Trump puede ser silenciado, y aún así tiene medios para encontrar otras vías para trasladar sus mensajes. Pero en las últimas elecciones votaron a los republicanos, y muchos de ellos guiados por Trump, 74 millones de estadounidenses. Perdió pero logró diez millones de votos más que hace cuatro años. ¿Pueden silenciarse a todos estos seguidores? ¿Y qué hacemos con otros líderes con mensajes tan tóxicos como el del presidente de Estados Unidos? ¿Qué hacen estas empresas en regímenes autoritarios?
Una iniciativa del consultor político Xavier Peytibi en Beers and Politics recoge la opinión de unas 70 personalidades relacionadas con la comunicación y la consultoría política sobre la medida impuesta a Trump.
La ex eurodiputada Beatriz Becerra alude a que «el gran problema sin resolver es considerar a estas empresas (Twitter, Facebook, entre otras) como «empresas de distribución cuando, a todos los efectos, son medios de comunicación de tercera generación, exponencialmente beneficiados de su impacto y alcance, pero exentos de la responsabilidad legal (constitucional, en realidad) que determina el proceder de estos».
Esta argumentación responde a quienes defienden que son empresas privadas que tienen derecho a establecer sus normas internas de funcionamiento como si fueran clubs de golf.
Entre los que exponen su visión está Sergio Pérez-Diáñez, coautor de Cómo comunica la alt-right. De la rana Pepe al virus chino, quien subraya que esta decisión «alimenta el relato victimista de Trump, quien ya ha conseguido hacer creer a millones de ciudadanos que ha sido víctima de una conjura del establishment para robarle las elecciones… Ahora será fácil convencerles de que pretenden silenciarle para abrir paso al mandato del demócrata Biden».
A juicio de Pérez-Diáñez, «los seguidores de Trump se alimentan del victimismo y de la sobrereacción del adversario. Ahí obtienen el oxígeno. Este paso va a generar una escalada de movimientos estratégicos en la alt-right. Por ejemplo, mediante la creación de un nuevo nicho en las redes sociales, como ha pasado con Parler, que ya ha sido desactivada. Habrá un contraataque en las redes».
Defiende Pérez-Diáñez que «las teorías de la conspiración y las falsedades se combaten con información. La mejor vacuna no es pensar que no existen, o que pueden desaparecer si les silenciamos, sino aportar datos contrastados».
Quienes defienden el proceder de Twitter se basan en el peligro del discurso de odio que propaga Trump. Es el caso de José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política. «Twitter, Facebook e Instagram no cerraron la cuentas de Trump por diversión, las cerraron, en este caso, por llamar a la violencia. Los discursos de odio tan explícitos como los que emitía Trump no están protegidos como ‘libertad de expresión’ en la Declaración Universal de Derechos Humanos».
Alude Urquijo, como otros participantes en la iniciativa, a la paradoja de Karl Popper, «donde si los tolerantes toleran la intolerancia, la tolerancia podría verse amenazada por los propios intolerantes. Lo mismo podría ocurrir con la libertad de expresión: en el caso de Trump, restringir su discurso de odio no es censura ni representa un riesgo para la libertad de expresión, por el contrario, significa protegerla del autoritarismo».
Ahí llegamos a una pregunta que nos remonta a los clásicos.»Quis custodiet ipsos custodes? (¿quién nos protege de los protectores?) La pregunta nos remite a Platón en La República. Esos guardianes a ojos de Platón no se movían por ambición y se les hacía creer que eran superiores y se guiaban por el bien. Es esa superioridad moral que sabemos que en el mundo terrenal está lejos del ideal platónico lo que nos hace olvidar que son las leyes las que nos protegen, no los hombres.
