Como escribe Antonio Muñoz Molina, con el atrevimiento que acreditan los disidentes aún aceptados en esas páginas, “nada como los grandes movimientos patrióticos para generar multitudes de apátridas”. Unas multitudes de desfavorecidos que suman millones y suponen porcentajes de población que llegan a aproximarse al 50%. Los ejemplos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, en América; los de Ucrania y Bielorrusia, en Europa; o el de Siria, en Oriente Medio, suministran pruebas irrefutables al respecto. Los regímenes del patria o muerte, del patria o exilio, propugnan la diseminación de la sospecha generalizada sobre los ciudadanos y por ahí acaban negando la nacionalidad a quienes se atreven a disentir. Conocemos ese proceder porque aquí mismo durante los cuarenta años de franquismo se creó una división abismal entre la España de los nuestros y la Antiespaña que constituían todos aquellos que eran arrojados a las tinieblas exteriores de la conspiración judeo masónico bolchevique donde era el llanto y el crujir de dientes que incluía desde Joaquín Satrústegui a Pasionaria.
Para regímenes de ese cuño la cuestión a considerar no es la de acabar con los abusos del poder sino la de silenciar las denuncias que se formulan como si fuera la denuncia la que creara el problema. Esa es la senda emprendida por algunos representantes del buenismo a escala internacional, donde podría estar muy bien considerado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el que fue su ministro de asuntos exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quienes propenden a aproximarse a los conflictos ofreciéndose como mediadores, pero acaban legitimando a los abusadores como Maduro y similares. Para ellos, el reto al que nos enfrentamos no sería presionar a esos Gobiernos para que reconozcan las libertades básicas sino más bien lograr la deserción de los disidentes que las reclaman para evitar que puedan contagiar su actitud. Porque, como ya pudieron experimentar los mayores cuando trataban de explorar la Ley de Prensa de Fraga, sucede siempre que al aumentar las denuncias disminuyen los costes que pagan quienes las plantean.
Para dar voz a quienes padecen persecución por disentir en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, Perú o México, la Asociación de Periodistas Europeos convocó el pasado lunes 20 de diciembre la XXVII edición del Foro Eurolatinoamericano de Comunicación, que ha venido acompañando a las Cumbres Iberoamericanas desde 1995. Su celebración tuvo lugar en la sede de la Fundación Carlos de Amberes y contó con el patrocinio de Iberdrola, Banco de Santander y Telefónica. Figuras tan relevantes del periodismo como Karina Sáinz Borgo, Max Römer, Yunior García, fundador del movimiento cubano Archipiélago, Mónica Baró, Aurora Mínguez, Fátima Torres, Diego Carcedo, Martín Caparrós, Pedro González, Luchy Candia, Alberto Rubio, Ricardo Cayuela o Patricia Alvarado. Fue una magnífica ocasión de escuchar de viva voz a los colegas que por interrogar a la realidad de los dictadores se ven estigmatizados como enemigos del pueblo, estrechamente vigilados por los agentes de la (in)seguridad del Estado, recluidos en prisión como transgresores de leyes arbitrarias o sometidos a actos de repudio por parte de los mercenarios y palmeros de esos regímenes.
Porque, como ha escrito certero Lluis Bassets, el periodista es el canario en la mina y si alguien quiere saber con qué tipo de régimen trata, sólo tiene que observar qué hace el Gobierno con los periodistas. De ahí que el Foro Eurolatinoamericano de Comunicación más arriba citado fuera también una oportunidad de examinar si a nosotros y a nuestro país nos corresponde algún deber inaplazable con estas gentes de nuestra estirpe. En mi opinión es asombroso que, desde los medios oficiales, siga sin conjugarse el presente de indicativo para decir que Cuba o Venezuela son unas dictaduras o que cuando arrastrando los pies algunos acaban aceptando esa calificación para tales regímenes sea para añadir a continuación, como indulgencia plenaria, que tienen mucho apoyo popular. A estos impresentables habría que señalarles que mucho más apoyo popular tuvo la dictadura franquista. Luego, podríamos preguntarnos si existe aún en el Senado una Comisión Iberoamericana, si tiene el Congreso de los Diputados una Comisión de Asuntos Exteriores y para cuando serán convocadas ofreciendo una oportunidad a los disidentes de explicarse. Por ejemplo, después de pasar la reválida del Papa Francisco en el Vaticano, ¿llegará nuestra Yolanda a reclamar libertades para Cuba y Venezuela? Veremos.
