Artículo publicado por Pedro González en El Debate de Hoy el 30 de Diciembre de 2017
El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha concluido el trabajo para el que fue creado hace casi 25 años. En su banquillo se han sentado noventa autoridades responsables de crímenes contra la humanidad. Tras la desaparición de este órgano, que sirvió de modelo para otros posteriores, el camino hacia la justicia internacional permanente e independiente será largo y tortuoso.
Casi un cuarto de siglo después de su creación, cierra definitivamente sus puertas el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). Por esta versión del Núremberg de la antigua república federativa balcánica han pasado noventa dirigentes políticos y militares, responsables de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
El tribunal fue creado el 25 de mayo de 1993, en plena guerra de Serbia contra las demás repúblicas que conformaban la antigua Yugoslavia. Plasmaba así la resolución 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se daba un paso más hacia el establecimiento de una auténtica justicia internacional independiente. Este era un objetivo perseguido desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando se intentó juzgar al káiser Guillermo II al término de aquella gran debacle. La firme oposición de Holanda lo impidió entonces, permitiendo que el monarca que encarnó la responsabilidad por la mayor matanza conocida hasta entonces muriera en la cama en 1941.
El Tribunal de Núremberg, encargado de juzgar a los más altos dirigentes del III Reich, estableció tras la Segunda Guerra Mundial el primer paso decisivo para que los instigadores de las grandes masacres y tragedias de la humanidad no se fueran de rositas. Obviamente, aquel fue un tribunal encargado de juzgar al nazismo por quienes habían sido sus vencedores, que por supuesto no entraron a valorar en contrapartida ninguna de las atrocidades que también pudieron cometer las potencias aliadas de entonces contra la población alemana.
El TPIY, primero de los tribunales especiales
Para la posteridad quedará que el TPIY fue el antecedente del también tribunal especial para Ruanda, el siguiente gran genocidio, y que también sentó las bases de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), establecida en el Acta de Roma del 17 de julio de 1998. Esta última se consideró en su fundación como el paso definitivo hacia esa justicia internacional permanente e independiente. Sin embargo, ya nació viciada por cuanto Estados Unidos, China, India, Israel, Sri Lanka, Filipinas y Turquía se negaron desde el principio a someterse a tal jurisdicción penal universal. Los norteamericanos, en su papel de gendarme mundial, no querían arriesgarse bajo ningún concepto a que cualquiera de los soldados de sus fuerzas especiales pudiera, siquiera como testigo, comparecer ante jueces que no fueran togados de Estados Unidos. Israel, por su parte, justificó su negativa en que en la lista de crímenes contra la humanidad que debería juzgar la CPI se incluía el “desplazamiento forzado”, al fin y al cabo un reconocimiento implícito de lo que ocurre en los territorios ocupados.
El TPIY también ha servido de modelo para los sucesivos tribunales específicos encargados de juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en Sierra Leona, Camboya, Bosnia, Timor Oriental, Líbano y Kosovo.
Antes de que el actual secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, el 21 de diciembre de 2017, clausurara oficialmente el TPIY en la Ridderzaal, la Sala de los Caballeros, situada en el Parlamento holandés en La Haya, el tribunal había escuchado el testimonio de más de cinco mil testigos a lo largo de los diez mil días que han durado los procesos.
En el banquillo de los acusados se han sentado dos ex jefes de Estado, una veintena de ministros y más de medio centenar de altos funcionarios y milicianos serbios, croatas, bosnios, kosovares y macedonios.
Los dos últimos criminales juzgados fueron el exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por haber perpetrado y dirigido la matanza de Srebenica, en la que más de ocho mil varones musulmanes fueron asesinados a sangre fría y enterrados en fosas comunes excavadas ex profeso. Mladic era el brazo militar del cerebro político de este genocidio, el psiquiatra y poeta Radovan Karadzcic. Este tándem siniestro fue asimismo reconocido culpable de los asesinatos indiscriminados, realizados por francotiradores, durante el asedio de Sarajevo, así como del secuestro y cautiverio de funcionarios desarmados de Naciones Unidas.
El condenado suicida
El último condenado por el tribunal fue el exgeneral bosniocroata Slobodan Praljak. Este no llegó a cumplir ni un solo día de su pena de veinte años de reclusión porque, al oír el veredicto, sacó un pequeño recipiente de entre sus ropas y se lo tomó de un sorbo. Era cianuro.
En el balance del trabajo del TPIY destaca el resumen de su fiscal, el belga Serge Brammertz, que exige el apoyo de los gobiernos a cuyos países pertenecen los condenados. “Los dirigentes políticos deberían distanciarse de los crímenes, rechazar a los criminales de guerra condenados y cesar de esconderse detrás de falsas declaraciones de culpabilidad colectiva”. El magistrado subrayaba así que el tribunal no ha juzgado a pueblos ni naciones enteras, sino exclusivamente a individuos. Ello no ha impedido que cada sentencia fuera acogida en el país de origen como una condena a todo el país, alentado todo ello tanto por líderes de diferentes partidos como por gran parte de los medios de comunicación ultranacionalistas.
Así ocurrió con el condenado Slobodan Praljak el 29 de noviembre de 2017. Cuando Praljak ingirió el veneno y se volvió a sentar, el juez presidente del TPIY, Carmel Agius, proseguía la lectura de las sentencias contra otros cinco acusados croatas, que eran juzgados por los mismos crímenes. Solo suspendió la sesión cuando los abogados de Praljak le advirtieron de que su cliente aseguró “haber tomado veneno”.
El ex general moriría apenas dos horas más tarde en un hospital de La Haya e, inmediatamente después, el actual primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, declaraba que su suicidio revelaba “una profunda justicia moral contra seis croatas de Bosnia y contra el pueblo de Croacia”, antes de pasar a considerar que el TPIY era, en realidad, un tribunal político.
Carmel Agius califica de “estupidez” tal denuncia y señala que lo que pretenden líderes como Plenkovic era “distraer a la población” de la gravedad real de los delitos cometidos por los reos. El juez presidente no se cansa de recordar que Praljak y los otros cinco sentenciados formaron una empresa criminal conjunta para realizar una limpieza étnica de la población musulmana en Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1994.
Concluido el trabajo para el que fue creado el TPIY, el camino hacia la justicia internacional permanente e independiente será aún largo y tortuoso. Baste como ejemplo el anuncio de varios países africanos de revocar la ratificación de su acatamiento a la CPI. El pretexto es común: creen que la Corte solo se ocupa de los países más débiles en los que se han cometido ciertamente muy graves crímenes, pero estiman que su jurisdicción no alcanza a los más poderosos. Como se proclamaba, pues, en la antigua Roma, ¡ay de los vencidos!
