Artículo publicado en Zoom News el 4 de Febrero de 2015 por Pedro González
– La alianza euro-norteamericana pretende seguir dictando las normas mundiales del comercio frente a las potencias emergentes.
– Los detractores del tratado arguyen que empobrecerá a Europa y dará la puntilla al estado de bienestar.
Apertura de los servicios sanitarios, de educación y de suministro de agua potable a las multinacionales americanas; política de protección de datos que permita comercializar la privacidad; aumento del poder de las patentes y de la propiedad intelectual, y, en fin, que grandes conglomerados industriales puedan impedir legislaciones progresistas, tal es el marco de grandes amenazas que dibujan los detractores de la futura Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI, o TTIP por sus siglas en inglés).
Es en ese contexto que se celebra en Bruselas la octava ronda de negociaciones entre técnicos de la Comisión Europea y de Estados Unidos, conforme a mandatos respectivos de los jefes de Estado y de Gobierno de los 29 países de la Unión Europea, y del Ejecutivo norteamericano. Ambos tienen prisa por concluir un tratado tan laborioso: la UE, porque considera que la puesta en marcha de dicho tratado se traduciría en crecimientos adicionales de hasta el 1% de su PIB y en la creación de 2 millones de puestos de trabajo (120.000 en España), y Estados Unidos porque vería así culminado uno de los grandes proyectos a escala mundial del presidente Barack H. Obama antes de concluir su mandato.
Ambos también consideran que el TTIP va mucho más allá de un gran acuerdo comercial. Lo consideran un pilar geoestratégico fundamental para mantener la supremacía occidental. Como explica Federico Steinberg, del think tank Real Instituto Elcano, «Occidente impuso sus paradigmas y su modelo de comercio global, cuya aplicación afecta a las normas políticas, económicas y laborales para producir y elaborar los bienes y servicios que se intercambian. Así ha sido desde el final de la II Guerra Mundial y nadie podrá aducir que nos haya ido mal. Ahora, esa supremacía, esa capacidad de dictar las normas del comercio internacional, se ven amenazadas por la irrupción asiática, especialmente de China. Si no nos fortalecemos, serán ellos los que reescriban las normas del comercio internacional de aquí a un decenio. Por ello, oponerse al TTIP es geopolíticamente suicida».
Medio Ambiente y Derechos Humanos
Ese hipotético cambio de paradigma significaría, por ejemplo, un menor respeto a las normas medioambientales y a los derechos humanos a la hora de fabricar los productos. China e India, los dos grandes colosos del futuro están impelidos hoy por Occidente a contaminar menos y a reconocer derechos a los trabajadores que fabrican sus productos, que inundan el mundo a precios imbatibles gracias precisamente a la enorme divergencia de costes sociales con respecto a Europa y Estados Unidos. Si fueran ellos quienes impusieran las normas, serían seguramente mucho más relajadas.
En síntesis, el TTIP es un tratado global de libre comercio e inversión, cuyo objetivo es la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias que dificultan la libre circulación de mercancías y capitales entre las dos orillas del Atlántico. Pero, dentro de tan sucinto enunciado, se esconden enormes consecuencias que cambiarán radicalmente la vida de los europeos, y en bastante menor medida de los norteamericanos.
Catálogo de desastres
Precariedad en los empleos, privatizaciones masivas de servicios públicos, alimentos transgénicos por doquier, fracking en cada territorio susceptible de albergar gas o petróleo, cesión de soberanía, presencia de productos prohibidos como el pollo clorado, dumping social (cuando una empresa puede contratarte en tu país bajo las reglas laborales de un socio con menor protección social), energías sucias, malestar animal, desprotección del consumidor, destrucción de la pequeña empresa al no poder competir contra gigantescas multinacionales, pérdida de capacidad negociadora de los sindicatos… Tal es el extenso catálogo de desastres que preconizan los detractores del TTIP, al que ya acusan, caso de consumarse, de propinar la puntilla final al estado de bienestar.
El carácter secreto de las negociaciones en curso abona las sospechas. La Comisión Europea contrarresta las críticas aduciendo que un exceso de transparencia por parte de los negociadores de este lado del Atlántico sería tanto como descubrir todas las cartas ante la contraparte americana, que eso sí, a diferencia de los europeos, no tiene que reportar más que a un solo gobierno y a un solo parlamento.
Merced a esa búsqueda de la transparencia total en Europa, también se considera sospechoso que el técnico jefe europeo, Ignacio García Bercero, haya reconocido que los documentos secretos relacionados con las negociaciones permanecerán cerrados durante 30 años. Ello motivó que el pasado diciembre la coalición Stop TTIP entregara en Bruselas más de un millón de firmas exigiendo el cese de tales negocaciones.
Alternativa bolivariana
Desde entonces arrecian las críticas y las movilizaciones. En un concurrido debate organizado por Europa en suma la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol calificó al TTIP de «salvoconducto para que las multinacionales europeas y americanas den la última estocada al estado de bienestar», al tiempo que preconiza para Europa, o al menos para España, un tratado como el de la Alternativa Bolivariana (ALBA), instaurado por Hugo Chávez e inspirado por Fidel Castro.
Diversas ONG ponen también el acento en que el Tratado pueda poner en marcha tribunales de arbitraje, en los que grandes compañías multinacionales pudieran demandar a un Estado por legislar medidas progresistas que afectaran negativamente a sus intereses. Y ponen diversos ejemplos, entre ellos el de la multinacional francesa Veolia, que ha demandado al Estado egipcio por subir el salario mínimo de 41 euros a 72, aduciendo que ello atenta contra la seguridad jurídica de sus inversiones y márgenes de beneficio.
Los defensores del Tratado reclaman la legitimidad de los representantes elegidos democráticamente, que parecen poner en tela de juicio los movimientos asamblearios y antieuropeistas. Arguyen que, una vez negociado y redactado, el Tratado será sometido a la discusión y aprobación de los 29 y del propio Parlamento Europeo, «filtros suficientes para no dudar de su adopción democrática».
Reconocen, sin embargo, que la sociedad civil habrá de conocer y debatir a fondo acerca de los equilibrios que habrán de implantarse para compensar a los perdedores. Porque, como en todo cambio radical, habrá ciertamente ganadores y perdedores, y será competencia de las autoridades nacionales y europeas la redistribución de los esfuerzos y las compensaciones.
Ventanas de oportunidades
El conjunto de esa misma sociedad deberá debatir y extraer sus propias conclusiones. Entre ellas, el balance final de si las nuevas ventanas de oportunidades que se ofrecen en un mercado unificado y altamente desarrollado de 850 millones de personas, son superiores a las desventajas que sufrirán sectores y actividades protegidas, que obviamente se verán afectadas por una nueva competencia.
Los negociadores europeos rechazan la acusación genérica a Estados Unidos de tener regulaciones menos estrictas que en la UE. Consideran que ambos tienen normativas que es necesario armonizar y encontrar justa reciprocidad. No se podrá ceder ante pretensiones americanas como, retirar las obligaciones de etiquetado y de denominación de origen, que llevaría a que, por ejemplo, el cliente de un supermercado no supiera si el vino de Rioja que compra es efectivamente de la región española del mismo nombre o está producido en Texas. Pero, a cambio, seguro que inversores y accionistas europeos en banca verían con muy buenos ojos las garantías americanas de no tener que cargar con las pérdidas provocadas por la estafa o la mala gestión de directivos incompetentes o sin escrúpulos.
En cuanto al creciente poder de las potencias emergentes, China, Rusia e India han reclamado «un nuevo orden internacional político y económico más justo y estable». En una reunión celebrada en Pekín, los ministros de Asuntos Exteriores Wang Yi (China), Sushma Swaraj (India) y Serguéi Lavrov (Rusia) reclaman «una mejor gobernanza mundial para asegurar un crecimiento estable y seguro, con una reforma del sistema financiero internacional». Para ello, exigen la aplicación desde este mismo año de una reforma de cuotas de poder y gobierno en el Fondo Monetario Internacional.
En este nuevo intento por rediseñar la geopolítica global, China ha invitado a India y Rusia a que conmemoren juntos el 70º aniversario del final de la II Guerra Mundial. Será en Pekín en septiembre, en que las autoridades chinas celebrarán un gigantesco desfile militar, que cabrá interpretar no solo como una demostración de su emergencia como gran potencia mundial, sino también como una advertencia a Japón, su gran rival en Asia, y a su principal aliado, Estados Unidos.
